Foto de portada vía Fonatur.
El pasado 26 de julio el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, una institución internacional conformada por ciudadanos para investigar y exponer violaciones a los derechos de la naturaleza, determinó que el Tren Maya es un proyecto ecocida y etnocida, ya que vulnera derechos como el de la tierra a ser respetada, del agua como fuente de vida, a la salud integral, y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos; todos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
El Tren Maya es uno de los proyectos clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que éste traería desarrollo económico a la región del suroeste de México. Este megaproyecto consiste en la construcción de una línea ferroviaria en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Es importante mencionar que las obras atraviesan la Selva Maya, uno de los sistemas ecológicos más importantes en el mundo y el segundo pulmón forestal de América Latina, donde se encuentra una alta diversidad biológica, con especies amenazadas como la guacamaya roja, el jaguar y el danto.
Asimismo, los pueblos que habitan esta región dependen casi completamente de sus recursos naturales, y la selva tiene gran significado sociocultural para ellos. Por esta razón, un grupo de expertos señaló ante el Tribunal que la construcción del Tren Maya provocará graves impactos, como la mercantilización de la cultura los saberes y la memoria, la ruptura del tejido social, el desplazamiento de las formas tradicionales de subsistencia, y el despojo territorial.
En particular, el pueblo maya históricamente ha sido el guardián de este territorio, el cual abarca cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales, todos sagrados para ellos. Aunque López Obrador aseguraba que este proyecto sería en beneficio de los pueblos indígenas, la realidad es que su gobierno ha violentado el consentimiento libre, previo e informado ante los impactos negativos de este proyecto en su territorio, y no se han realizado evaluaciones transparentes sobre las consecuencias en el medio ambiente, las cuales están establecidas en las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho medioambiental. Uno de los impactos ambientales más graves es para los cenotes; aunque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) aseguraba que se construirían viaductos elevados para no dañar a los cenotes, terminaron perforando el suelo para colocar pilotes de acero dentro de los mismos, provocando una seria contaminación al agua. Esto es sumamente alarmante, ya que los cenotes constituyen la fuente hídrica más importante para la supervivencia de pueblos, especies animales y plantas de la región.
Por otro lado, la construcción del tren provocó una terrible tala de árboles. Colectivos como Selvame del Tren han señalado que se han talado 8.7 millones de árboles en el Tramo 5 Sur que va de Playa del Carmen a Tulum, y más de 1 millón de árboles para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, a pesar de que en un inicio López Obrador había prometió “no talar un solo árbol para su construcción”. Los árboles representan un equilibrio ecológico, donde habitan flora y fauna con funciones específicas para el ecosistema; la tala altera el orden natural, representando una amenaza para especies en peligro de extinción o endémicas.
Otra de las críticas a este proyecto es la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); incluso, en la Península de Yucatán, algunos grupos indígenas que se oponen a su construcción lo han llamado “el tren militar”.
En abril de este año se aprobó una reforma, promovida por el ejecutivo mexicano, que le otorgó el control y propiedad del Tren Maya a las Fuerzas Armadas, dando así mayor poder a la SEDENA, una constante a lo largo del gobierno de López Obrador. La realidad es que las ganancias económicas del proyecto turístico terminarán beneficiando a la empresa militar y no a los pueblos del sur. Ante esta situación, el Tribunal exigió a López Obrador la desmilitarización inmediata de los territorios indígenas.
Los llamados de organizaciones nacionales e internacionales a detener la construcción del Tren Maya no han sido exitosos. López Obrador sigue aferrándose a culminar el megaproyecto para finales de su periodo presidencial, sin importar las violaciones a tratados internacionales y a la legislación nacional sobre el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
El Estado mexicano es responsable de cometer crímenes de ecocidio y etnocidio, entendiendo -a grandes rasgos- el ecocidio como un daño grave al medio ambiente que, en la mayoría de los casos, es irreversible; mientras que el etnocidio se define como la destrucción o limitación sociocultural de un colectivo en particular, violentando el derecho humano al respeto a la identidad cultural de los grupos étnicos.
Lamentablemente, la Corte Penal Internacional no reconoce el crimen de ecocidio hasta ahora, aunque un grupo de juristas han buscado que se incorpore este crimen al Estatuto de Roma para prohibirlo y sancionarlo. Sin embargo, necesitaría la aprobación de dos terceras partes de los países miembros para llevar a cabo esta propuesta.
No podemos dejar de lado que también se ha exigido justicia y responsabilización del Estado por perseguir, amenazar, hostigar e intimidar a activistas medioambientales y defensores de la naturaleza, algunos de los cuales han señalado que zonas como el tramo 5 no son aptas para sostener el megaproyecto; y quienes hoy, al sur del país, corren gran peligro por su lucha en contra del Tren Maya.
Por último, una de las peticiones que más destaca entre las realizadas por el Tribunal, es la de realizar reformas constitucionales para que la naturaleza sea sujeto de derechos, y los pueblos indígenas sujetos del derecho público, con la finalidad de que puedan tener mayor protección y que las autoridades dejen de pasar por alto el marco legal.
Como sociedad, debemos unirnos a la exigencia de la reparación y restauración de los ecosistemas afectados y de los impactos sociales; que México se apegue a los estándares internacionales, como el respeto a los derechos colectivos de los pueblos, previstos en el Acuerdo de Escazú.
Igualmente, debemos exigir a empresas e inversores extranjeros (principalmente de España, Estados Unidos y China) no ignorar lo que está ocurriendo con la construcción del tren, ya que también pueden incidir para implementar una agenda más apegada al respeto de los derechos humanos y de la naturaleza.
Sin duda, el megaproyecto del Tren Maya añadirá a la gran lista de calificativos que describen la administración de Andrés Manuel López Obrador los de “militarista”, “etnocida” y “ecocida», dejando claro que su interés por el desarrollo de los pueblos indígenas, así como por la protección medioambiental, es nulos.