Imagen por Jovani Pérez, via infobae.com
El pasado 6 de septiembre se dio un hito histórico para las mujeres en México. Tras una ardua lucha por parte de los colectivos feministas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señalara que los artículos que criminalizan el aborto voluntario en el Código Penal Federal son inconstitucionales.
Este señalamiento promueve que el Congreso de la Unión elabore una reforma a la ley de salud, donde se incluirá la interrupción del embarazo como un servicio de salud básico y de fácil acceso para cualquiera que lo solicite en las instituciones federales de salud (IMSS, ISSSTE y PEMEX).
El avance fue posible gracias a un amparo interpuesto por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización feminista dedicada a la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. El amparo se basó en la sentencia de la SCJN de 2021 sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal del estado de Coahuila, y ahora dicha sentencia se replica a nivel federal.
Durante siglos, en México se ha criminalizado a las mujeres que eligen realizarse un aborto; hombres en posiciones de poder han utilizado su autoridad para someter y estigmatizar a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. El aborto ha sido tratado erróneamente bajo una lupa moral, religiosa, conservadora y misógina cuando, en realidad, es un asunto de derechos reproductivos, derechos humanos y de salud pública.
Dejar de castigar el aborto voluntario desde el derecho penal es un paso importante para las mujeres mexicanas, y nos recuerda que el pañuelo verde no obliga a nadie a realizarse un aborto, sino que defiende nuestra libertad de decidir ante leyes que nos han obligado a ejercer la maternidad, o que incluso nos han orillado a acudir a abortos clandestinos, poniendo en riesgo nuestras vidas.
Cabe mencionar que ya no habrá ninguna autoridad que decida cuáles son las circunstancias donde es válido un aborto. En algunos casos solamente se permitía si había riesgos a la salud o si habías sido víctima de una violación, pero con la nueva reforma ya no podrán cuestionar tus motivos para llevarlo a cabo. Agregando a esto, tampoco se podrá criminalizar al personal de salud por brindar este servicio.
Como se mencionó anteriormente, miles de mujeres han sufrido efectos graves de salud o inclso la muerte por abortos clandestinos en condiciones insalubres, incluso el Observatorio de Mortalidad Materna había indicado que éstos se encontraban dentro de las primeras cinco causas de muerte materna. Igualmente, cientos de mujeres han ido a prisión por realizarse un aborto voluntario; tan sólo en el estado de Aguascalientes, entre 2015 y 2023, se abrieron más de 70 carpetas de investigación por el delito de aborto, de acuerdo a lo expuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Durante la pandemia del COVID-19, casi 10 mil niñas fueron obligadas a ser madres como consecuencia de violaciones y matrimonios forzados, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Las niñas deberían estar disfrutando su infancia, jugando, yendo a la escuela y pensando en sus futuros. Miles de mujeres, niñas y adolescentes han sido víctimas de un sistema que no sólo las ha castigado por interrumpir su embarazo voluntariamente, sino que ha abandonado a aquellas que ni siquiera contaban con recursos para mantener a un hijo y fueron obligadas a tenerlo sin apoyo alguno.
Por estas razones, hoy las mujeres tomamos el primer paso hacia reescribir una legislación que nos permita decidir libremente sobre nuestros cuerpos, y nos sirva como homenaje a todas nuestras ancestras que no tuvieron acceso a los mismos derechos, a todas aquellas que fueron obligadas a parir bajo un sistema que vulneró sus derechos. Hoy tomamos un paso hacia abortar ese sistema patriarcal, gritando fuerte y claro: “¡mi cuerpo, mi decisión!”.